La participación social en las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se entiende como la vinculación de CONAF con los actores locales que tienen derechos e intereses, en un proceso de toma de decisiones e implementación de acciones para el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas silvestres protegidas.

Es un proceso dinámico que se sustenta en el enfoque de derechos y de género, que reconoce la pertinencia territorial, la interculturalidad, la inclusión social y la diversidad de comunidades, para el diseño, creación e implementación de modelos de gobernanza, mecanismos de participación y sus regulaciones como convenios o contratos, y con los cuales se establecen las acciones, beneficios y responsabilidades de las partes involucradas, así como las instancias que diriman en caso de surgir diferencias.

Asimismo, se reconoce la importancia de considerar la dimensión social de toda acción relacionada a la conservación de ecosistemas, para el bienestar de las comunidades indígenas y locales vinculadas a los territorios y áreas protegidas, toda vez que estos ecosistemas protegidos proporcionan servicios ecosistémicos tan importantes para el sustento de sus vidas como la provisión de agua, regulación del clima, recreación, entre otros.

En el año 2023, para ser consistentes con esta propuesta, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF crea el Departamento de Gobernanza y Bienestar Humano, cuyo trabajo aborda la coordinación y supervisión nacional de la participación, capacitación, manejo de conflictos y diálogo colaborativo en las áreas protegidas; así como la responsabilidad de gestionar compromisos institucionales vinculados a temas de gobernanza y bienestar humano, entre otros.

En un escenario de crisis climática, es necesario fomentar un mayor compromiso ambiental con todas y todos, a través de espacios de participación, ejerciendo sus derechos y obligaciones, para una buena gobernanza en la gestión de las áreas protegidas del Estado.

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La CONAF ha avanzado en el reconocimiento de rasgos y elementos culturales de gran significación para el país, dadas las evidencias materiales de procesos históricos conducidos por hombres y mujeres que habitaron en el pasado en las áreas protegidas del país.

Como testimonios aún permanecen los restos de infraestructura y maquinaria para la explotación forestal, minera, agrícola y ganadera, iniciada durante la Colonia y extendida hasta hace unos pocos decenios.

Igualmente, la paulatina incorporación de nuevos territorios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ha permitido salvaguardar importantes evidencias arqueológicas vinculadas a pueblos precolombinos, que desarrollaron modos de vida adaptados a la disímil y a veces inhóspita geografía nacional. Al interior de muchos de nuestros parques nacionales, reservas o monumentos naturales, permanecen las huellas de asentamientos, conchales, aldeas y una multiplicidad de estructuras.

Pero no sólo encontramos testimonios arqueológicos, paleontológicos o históricos, sino también una amplia presencia de comunidades rurales, pescadoras y de pueblos originarios, que mantienen a través de sus modos de vida, prácticas y tradiciones milenarias vinculadas a las áreas protegidas.

Los testimonios materiales junto a aquellas expresiones inmateriales, y un profundo conocimiento de la naturaleza, constituyen un verdadero mosaico del patrimonio cultural y biocultural del país, que contribuyen a enriquecer el valor público de espacios naturales protegidos.

En 1974 el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO crea el concepto “Reservas de Biosfera”, designando áreas para la conservación de la biodiversidad, la investigación científica y la promoción del desarrollo sostenible, buscando armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural, y el desarrollo económico y social, a través de la relación de las personas con la naturaleza.

La Red mundial de Reservas de Biosfera agrupa 748 reservas de biosfera en 134 países, lo que representa cerca del 5% de la superficie terrestre mundial.

Chile cuenta con 10 Reservas de Biosfera que suman 17,2 millones de hectáreas, distribuidas en once regiones del país. En su dimensión biogeográfica, este sistema concentra en el 15,1% del territorio nacional. En su dimensión humana, cobija a nueve de los 11 pueblos originarios reconocidos en Chile y a más de un millar de habitantes, en su mayoría rurales, que hacen uso directo e indirecto de los servicios ecosistémicos de estos territorios.

CONAF en su calidad de Punto Focal Técnico del Programa MAB-UNESCO en Chile, creó en el año 2021 la Red Chilena de Reservas de Biosfera, cuya misión es fortalecer y potenciar el trabajo en los territorios para dar cumplimiento a los objetivos de la Red IberoMab y UNESCO.

En enero de 2024 se comprometió a la creación del Comité Nacional MAB que permitirá coordinar el trabajo de la red de reservas chilenas, fortalecer la gestión de cada reserva de biosfera, y fortalecer la articulación e implementación del Programa MAB en Chile.

Esta conformación se desarrolla en el contexto de la aplicación de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Por otra parte, la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País (Ley N°21.074) abre una nueva senda para avanzar en el descentralización del Estado, estableciendo la figura de gobernadores y gobernadoras como principal autoridad democráticamente electa en cada región del país. Ello constituye una oportunidad para la Red de Reservas de Biosfera, ya que deben ocupar la presidencia de los comités de gestión que se establezcan para el buen funcionamiento de las Reservas de Biosfera del país.

Documento

Listado de Reservas de Biosfera en Chile

https://www.conaf.cl/parques-nacionales/reservas-de-la-biosfera/

Las Áreas Protegidas del Estado administradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), son figuras de protección oficial que buscan representar y proteger la biodiversidad y patrimonio cultural asociado del país. Por lo general, las AP se establecen en territorios que han estado históricamente habitados, por tanto, poseen una convivencia cotidiana con comunidades, vecinos e instituciones, que poseen diversos intereses y derechos sobre las ASPE. En ese contexto, se gatillan diferencias entre estos actores que pueden ser abordadas de manera preventiva, evitando así conflictos socio-ambientales, o bien, pueden ser abordadas propiciando la creación de acuerdos sociales que transformen estas diferencias en oportunidades.

Con el objetivo de fortalecer la gestión institucional de los equipos de las AP en la prevención y gestión de estos conflictos socio-ambientales, el Departamento desarrolla una serie de acciones que van desde la capacitación del Cuerpo de Guardaparques, hasta la resolución de conflictos y firma de acuerdos, entre otras líneas de acción. Todo esto en el marco de las estrategias de conservación desplegadas por la Gerencia de Áreas Silvestres en pos de la conservación de la naturaleza.