El pasado 10 de abril se realizó en el sector de Chiapa, al interior del Parque Nacional Volcán Isluga, una diligencia en terreno por la BIDEMA y peritos ambientales de la PDI de Santiago liderados por la subprefecto Marisa Cossio, a la que asistió la directora regional de CONAF, Natalia Ortega, la abogada asistente María Alejandra Jorquera en representación de la Fiscal Regional y diversos funcionarios de apoyo, con la finalidad de evaluar en terreno el daño provocado a formaciones vegetales y otros componentes del medioambiente en el Parque Nacional, delito denunciado por CONAF en febrero de este año.
Tras el procedimiento, la abogada María Alejandra Jorquera informó que “en el lugar se logró establecer la existencia de un camino ilegal, el cual precisamente genera un grave daño a la vegetación existente en el lugar, que es importante para preservar los servicios ambientales. Precisamente, este daño que se genera en dicho parque, con este camino, es el que configura el delito ambiental que se está investigando. Es por eso que en el lugar se realizaron pericias tendientes a establecer y acreditar este delito que está siendo investigado por el Ministerio Público”.
“La diligencia conjunta con BIDEMA por orden de la Fiscalía, demuestra la articulación y coordinación entre los organismos, dando relevancia a los temas ambientales y su protección, sobre todo considerando que las formaciones vegetacionales afectadas se caracterizan por tener presencia de Azorella compacta, especie clasificada como vulnerable y de gran importancia para la provisión de servicios ambientales. Por esto es importante que la ciudadanía denuncie la destrucción, corta o descepado de especies protegidas, ya que de esta manera se investiga y sanciona penalmente a quienes cometen estos graves atentados contra el medio ambiente en un área protegida” indicó la directora regional de CONAF, Natalia Ortega Osses.
Asimismo destacó que es “la tercera querella interpuesta por CONAF desde la entrada en vigencia de la nueva ley N°21595 y, gracias a la tecnología satelital desarrollada por CONAF, se ha logrado monitorear un mayor número de hectáreas, focalizando esfuerzos hacia donde haya evidencia de pérdidas de cobertura”.
Coordinación Bidema-CONAF
El día previo al peritaje en terreno, personal de la BIDEMA y CONAF sostuvieron una reunión ampliada de coordinación donde se abordaron aspectos relacionados a las investigaciones y nuevos delitos contemplados en la Ley de Delitos Ambientales publicada en 2023, además de acordar la realización de jornadas de capacitación conjunta para abordar de mejor manera la defensa del patrimonio natural y forestal de la región.
Secuencia de hechos
Fiscalizadores de CONAF Tarapacá recibieron una denuncia en septiembre de 2024 sobre la construcción de un camino ilegal en el sector sur del cerro Tata Jachura, comuna de Huara. Luego de acudir al lugar se constató la existencia de un camino irregular, pudiendo adentrarse hasta 19 kms en vehículo desde la ruta internacional CH-15, siendo imposible seguir dadas las características del terreno.
Gracias al uso de imágenes satelitales de mediana y alta resolución proporcionadas por la plataforma PLANET (compuesta por dos constelaciones de satélites que en conjunto suman más de 100 en órbita) se logró completar el trazado restante en el mapa, confirmando que está inserto en el Parque Nacional Volcán Isluga afectando un área aproximada de 8 kms y que se encuentra en Zona Primitiva según la zonificación de la Unidad establecida en el plan de manejo. En el área de intervención se observaron llaretas (Azorella compacta) descepadas y con evidente grado de alteración, asociada a ejemplares de paja brava (Festuca sp) y tola (Bacharis sp).
En virtud de lo dispuesto, el Ministerio Público despachó orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI (BIDEMA) a fin de levantar la evidencia existente en el Parque y además, ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de modo que remita toda la información que obre en su poder sobre la fiscalización y otras acciones efectuadas en el caso de los daños constatados en el área protegida.
