El trabajo coordinado contra el robo de madera fue el foco de la última sesión de la Mesa Regional contra el Crimen Organizado, convocada por la Seremi de Seguridad Pública de Ñuble, donde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) aportó su experiencia en la gestión y aplicación de las normativas forestales vigentes.
La instancia reunió a diversos actores públicos y privados relacionados con la seguridad y el manejo del territorio, encabezados por el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo García Hurtado; el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz Álvarez; y el Director de CONAF Ñuble, Juan Salvador Ramírez Nova.
Durante la reunión, CONAF Ñuble expuso antecedentes técnicos sobre la aplicación de la legislación forestal, los mecanismos de fiscalización, y los procedimientos preventivos que se implementan para reducir los riesgos asociados al robo de madera. Asimismo, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones públicas, las policías y el sector privado para fortalecer la gestión y control en los territorios rurales y forestales de la región.
Juan Salvador Ramírez, director de CONAF Ñuble, al término de esta sesión precisó que “es fundamental el aporte técnico de la Corporación en esta mesa, orientando las acciones interinstitucionales en torno a la correcta aplicación de la normativa forestal y a la detección temprana de prácticas ilícitas que afectan nuestros bosques”.
Asimismo, agregó que “CONAF ha incrementado sus fiscalizaciones a nivel regional, arrojando positivos resultados en materias de protección de la masa vegetativa, particularmente bosques nativos, gracias al intenso trabajo de nuestro equipo del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental, quienes han desarrollado un promedio anual de 300 fiscalizaciones, donde un 25% corresponde a denuncias reales contra delitos que vulneran la legislación forestal”.
Con este encuentro, las instituciones participantes reafirmaron su compromiso con la protección del patrimonio forestal de Ñuble y con el desarrollo de estrategias conjuntas que permitan combatir el crimen organizado y prevenir delitos que amenazan los ecosistemas regionales.
