Más de 20 actores territoriales participaron en la primera asamblea ordinaria del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Ñuble, correspondiente al ciclo anual 2026, con la idea de fortalecer el trabajo de seguimiento a la gestión de esta área protegida cordillerana que se encuentra bajo la administración del Estado, a través de la Corporación Nacional Forestal.
Durante la reunión, realizada en la localidad de Recinto, se repasaron las funciones del Consejo Consultivo y se establecieron las prioridades de trabajo para los meses venideros respecto a materias de seguimiento en el manejo y protección de ecosistemas, uso público y los procesos conducentes a los procesos administrativos para la buena gestión del territorio.
La instancia reunió a representantes de la comunidad aledaña a la reserva, de juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales, municipios y servicios públicos, considerando además la presencia de nuevas autoridades de Gobierno como es el caso de los seremis de Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Mario Valdebenito Yáñez, jefe del Dpto. de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Ñuble y encargado de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, recordó que “dentro de las prioridades para el período se mantiene la tarea de sacar adelante la elección de una nueva directiva para el trienio 2026-2028 y retomar el trabajo en las comisiones de conservación, turismo sustentable y optimización del área protegida”.
Asimismo, indicó que el “Consejo Consultivo es un espacio de participación para dar legitimidad social a la toma de decisiones, de discusión para la canalización de conflictos y de vinculación para la articulación del área protegida con el desarrollo local, regional y nacional”.
Desde CONAF destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre las distintas instituciones y organizaciones que integran el Consejo Consultivo, valorando el compromiso y la participación activa de sus integrantes, considerando además que a partir de agosto, la Secretaría Técnica de la instancia será traspasada al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), institución que asumirá la administración de las áreas protegidas del Estado.
