Un importante operativo de fiscalización ambiental se llevó a cabo en Antofagasta, durante el cual la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI retiraron de circulación 68 cactáceas cuyo origen no pudo ser acreditado, varias de ellas con alto valor ecológico y con antigüedades superiores a los 80 años.
La acción se realizó tras una inspección a un vivero que comercializaba especies de cactáceas, procedimiento iniciado a partir de una denuncia derivada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En el operativo se identificaron ejemplares de los géneros Eriosyce sp. y Echinopsis sp., ambos vulnerables a la extracción desde el medio natural debido a su lento crecimiento y expuestos a las presiones por recolección ilegal.
Según detalló CONAF Antofagasta, el propietario del vivero accedió de manera voluntaria a entregar los ejemplares fiscalizados, los cuales fueron inmediatamente trasladados al Centro de Rescate de Cactáceas ubicado en la Región de Atacama, donde quedaron bajo cuidado especializado para su conservación.
Este procedimiento se suma a los más de 300 individuos decomisados a nivel nacional durante el último trimestre de 2025, en el marco del fortalecimiento de las labores de fiscalización y protección de la flora nativa.
Desde CONAF señalaron que este tipo de acciones son fundamentales para resguardar especies que enfrentan importantes amenazas producto del comercio irregular y la degradación de los ecosistemas áridos de la macrozona norte del país.
Al respecto, la directora regional de CONAF Antofagasta, Anita Huichamán, sostuvo que “la protección de nuestras cactáceas es una tarea urgente en un territorio donde muchas de estas especies están en categoría de conservación. Este decomiso es una señal clara de que seguiremos fortaleciendo la fiscalización y la coordinación con la PDI para impedir que el patrimonio natural de Antofagasta siga siendo vulnerado”.
CONAF llamó a la ciudadanía a informarse sobre la procedencia legal de las especies nativas que adquiere y a denunciar cualquier venta irregular, enfatizando que la protección de la flora “es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la comunidad”.
