Chile Forestal / 49 en construcciones de mayor estándar y en edificaciones de mediana altura, el precio actual debe ser considerado como transitorio, debido que para acceder a estos nuevos mercados, la madera debe ser clasificada formalmente como estructural, lo que involucra procesos de selección, clasificación de grado estructural, secado, impregnación y rotulado, lo que implicará un incremento en los costos y, en consecuencia, en los precios de venta de la madera aserrada. Al respecto, consultados los productores de la industria del aserrío por los principales factores de decisión que los motivarían a ingresar al negocio de la producción de madera aserrada estructural clasificada, respondieron que lo más importante era acceder a una demanda más estable y, en segundo lugar, lograr un mayor precio de venta. Algunas estimaciones de ahorros en los tiempos de construcción, mencionan que se llega aproximadamente a un 33% al utilizar madera en la construcción industrializada de viviendas en relación a otros materiales (Jara, 2020). Otras estimaciones señalan un ahorro de hasta 50% a favor de la madera. En el caso del Stadthaus de Londres, el edificio habitacional enmadera más alto del mundo, construido con paneles prefabricados, se calculó un ahorro de tiempo del 30% en comparación con lo que habría demorado una obra de similares características en hormigón. De acuerdo a lo que señala la CNP, en Chile el uso de CI es muy bajo, pero hay experiencias positivas. La CNP cita un estudio del Consejo de Construcción Industrializada (CCI) realizado el 2018, donde se compararon dos obras prefabricadas, una en madera y otra en hormigón, con una construida en albañilería tradicional. La conclusión fue que, en las obras que utilizaron la construcción industrializada, hubo un 92% de reducción de horas hombre en ajustes de calidad, entre un 31% y 76% menos en tiempo efectivo para la construcción, 13% menos en costos directos de fabricación de obra gruesa y tres veces menos volumen de residuos (CNP, 2020a). En el caso de la construcción de viviendas en Chile, dado los altos precios en relación a los ingresos, pero considerando también la oferta de instrumentos financieros privados y estatales, que han permitido un alto porcentaje de propietarios si se compara con Latinoamérica, se hace necesario masificar el acceso a financiamiento para las diversas construcciones en madera. En este sentido, el actual desarrollo y actualización de normas referidas al material y a los sistemas constructivos son una herramienta que contribuye a generar confianza ante instituciones financieras o aseguradoras. Existen diversas estrategias para producir una vinculación más estable y sólida entre la construcción en madera y el sector financiero. Entre las propuestas estratégicas formuladas en el diagnóstico del Programa Estratégico Mesoregional de la Madera (PEM, 2016), se propone la creación de un fondo de garantía hipotecaria estatal, para facilitar el otorgamiento de créditos por parte de la banca. Otra visión adoptada en diversos países ha sido generar confianzas en las compañías de seguros, utilizando las herramientas de normativas técnicas existentes y por esta vía facilitar la aceptación del uso de la madera en las entidades financieras. En Estados Unidos, Francia o España son las aseguradoras las que entran en el rubro de la construcción porque el Estado les exige a las constructoras un seguro por diez años. Bajo este sistema, la empresa constructora debe entregar una vivienda con un seguro por una cantidad determinada de años, donde la aseguradora se encarga de monitorear la calidad de la obra a objeto de evitarse problemas (Zilic, 2018), además de la fiscalización por parte del Estado. En Chile, el sistema utilizado para otorgar seguridad al cliente en relación a la calidad de la construcción es la garantía emitida por la empresa constructora. Este instrumento, contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tiene una duración de 10 años cuando afectan a la estructura, 5 años cuando afectan a los elementos constructivos o de instalaciones y 3 años cuando afectan las terminaciones. En caso de incumplimientos, es el cliente quien debe emprender las respectivas acciones legales ante la empresa constructora (Zilic, 2018), con todas las limitaciones que ello implica. El presente artículo corresponde a un capítulo del libro Madera y Construcción. Hacia una Simbiosis Estratégica. Publicación del Instituto Forestal. El libro completo la puede encontrar aquí: https://wef.infor.cl/publicaciones/estudios/2021/myc2021.pdf
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