 Una querella criminal contra quienes resulten responsables por los daños causados al sitio arqueológico Aldea de Tulor, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, presentó este martes la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el Juzgado de Garantía de Calama.
La acción fue interpuesta por el Director Regional de CONAF Antofagasta, Eduardo Rodríguez, quien estuvo acompañado del abogado de la misma repartición, Jorge Retamal, en consecuencia con las atribuciones que tiene este servicio dependiente del Ministerio de Agricultura y que busca esclarecer este hecho delictual que afecta a uno de los sitios arqueológicos sedentarios más antiguos del Norte de Chile.
“Nuestra intención como Corporación es llegar hasta las últimas consecuencias, determinar los responsables y hacernos parte de las penas que les corresponden por haber infringido gravemente la Ley de Monumentos Nacionales y los mandatos que protegen a las Áreas Protegidas de la región”, señaló Rodríguez tras cumplir con este trámite judicial. El directivo reitero que lo sucedido en la Aldea de Tulor es un hecho antisocial que debe ser denunciado y no quedar impune “para que nunca más volvamos a ver afectado nuestro rico patrimonio cultural que no sólo pertenece a nuestra región, sino también al país y a la Humanidad”.
Rodríguez agregó que tras lo sucedido se reforzarán las medidas que permitan mitigar eventuales nuevos actos delictuales en este y otros sectores arquitectónicos ubicados al interior de la Reserva Nacional Los Flamencos, administrada por CONAF. “No obstante, acordonar el sector o colocarle una barrera creemos que atenta contra el normal desplazamientos de turistas que quieren conocer lugares ambientalmente abiertos. Creemos que la solución más bien pasa por sensibilizar y educar a nuestra gente que poner barreras”, comentó. Por su parte, el abogado Jorge Retamal precisó que la presentación de esta querella criminal busca reforzar la denuncia interpuesta por CONAF en Carabineros tras ocurrido el daño a la milenaria aldea y que actualmente gestiona el Ministerio Público.
“Queremos hacernos parte activa para solicitar las diligencias y a posterior perseguir eventuales responsabilidades de carácter civil e indemnizatorio en contra de quienes resulten responsables. El signo que queremos dar con esta acción es que esto va en serio y no hacer vista gorda a un hecho que ocurrió en una de nuestras Áreas Silvestres Protegidas que por mandato del Estado debemos administrar”, afirmó el profesional.
Finalmente, el jurista recordó que, según lo establece la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, los particulares que destruyan u ocasionen perjuicios en los Monumentos Nacionales o en los objetos o piezas que se conserven en ellos o en los museos, sufrirán las penas de presidio efectivo o multas, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afecte, para la reparación de los daños materiales que hubieren causado en los aludidos Monumentos o piezas.
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